La importancia de contar con un buen Asesoramiento en Derechos de Propiedad Intelectual se ve reforzada con una serie de medidas que pueden resultar muy beneficiosas para el sector.

Ya se ha presentado en la comisión el nuevo borrador de la directiva que regirá el futuro de la propiedad intelectual en Europa.

Esta nueva regulación supone una reforma importante en el sector, que obedece a la necesidad de adaptación de normas ya obsoletas a los cambios que vienen dados por los avances tecnológicos y la evolución de la sociedad de la información.

En la actualidad, el formato digital toma cada vez más relevancia, tanto a la hora de la elaboración como de la distribución y el acceso a los contenidos. Esto supone la apertura de nuevos mercados y vías de comunicación, fundamentalmente a través de internet, y resta importancia a otras vías y negocios basados en la distribución física de las obras.

Es por ello, que ante este nuevo entorno, cada vez más digitalizado y virtualizado, han de adaptarse también las normas que lo encauzan, generando un marco legal cada vez más adecuado y óptimo para los autores, titulares de derechos y empresas del sector.

Concretamente, la directiva se centra en unos cuantos aspectos fundamentales, que tienen además relación entre sí y que vamos a analizar a continuación:

En primer lugar, la mejora del acceso a contenidos de manera transfronteriza.

La dificultad del acceso en la actualidad reside en que en muchas ocasiones los titulares de derechos para determinado territorio no quieren conceder la modalidad de explotación en línea para ese mismo u otros territorios. También en ocasiones se plantean problemas en cuanto a las ventanas de explotación y los plazos a respetar respecto a cada una de ellas.

Para solucionar este tipo de desacuerdo entre las partes, la directiva propone que se cree un órgano de negociación en cada uno de los estados miembros que ayudará a alcanzar un acuerdo al respecto para posibilitar la explotación en línea a nivel transfronterizo.

En segundo lugar, la mejora en la retribución a los artistas y otros titulares con respecto a los contenidos digitales que circulan en la red.

En cuanto a este punto, el conflicto existente viene generado por el aumento considerable de contenidos en línea a los que se accede a través de los proveedores de la sociedad de la información, sin que medie intervención alguna de los titulares de derecho.

Los usuarios de estos servicios, que cargan obras para su difusión en línea, deberían firmar la correspondiente licencia de derechos de autor sobre los contenidos, pero en la mayoría de los casos no es así. El control sobre este tipo de explotación resulta enormemente complicado, en especial porque no existe conocimiento por parte de los titulares de todas las obras que los usuarios están compartiendo en cada momento. Esto dificulta enormemente la adecuada retribución a los autores y titulares de derechos.

Es por ello que la directiva pretende imponer una obligación por la que los proveedores de servicios deben adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la protección de las obras u otras prestaciones, entre ellas la aplicación de tecnologías eficaces para su identificación. Esto implica el uso de tecnologías tales como las de reconocimiento de contenidos, para lo cual es fundamental la cooperación entre titulares y prestadores de servicios de la sociedad de la información.

En tercer lugar, implantar una mayor transparencia de datos y cuentas en el sector digital.

Cada vez existen más plataformas online a las cuales los titulares ceden sus derechos para la puesta a disposición de sus obras. En estos casos media una licencia en la que se pacta determinada remuneración para los titulares, dependiente normalmente de los usos y reproducciones que se hagan de la obra protegida. Por ello es importante dotar a los titulares de los medios eficaces y adecuados para la valoración o cálculo de la remuneración que les corresponde.

Para que este sistema funcione es necesario que se imponga por ley una obligación de total transparencia de los datos referentes al uso y explotación de la obra en el entorno digital por las plataformas de contenidos en línea.

En cuarto lugar, dotar de derechos conexos a las editoriales de prensa escrita, para una mayor protección de los artículos digitales que las mismas publican en la red.

El problema radica en que, al no estar las editoriales de prensa reconocidas como titulares de derechos sobre las publicaciones, la concesión de licencias y la observancia en el entorno digital resultan a menudo complejas e ineficientes.

Según la propuesta de la directiva, debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera de las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la sostenibilidad del sector. Para ello han de asignárseles derechos conexos tanto de reproducción como de comunicación pública que permitan a estas obtener su correspondiente retribución.

Por último, la mejora del acceso con fines educativos, de investigación y conservación del patrimonio cultural a las obras protegidas, así como para personas con discapacidad, como prevé el tratado de Marrakech.

En cuanto a ello, la directiva propone que se extienda la excepción existente en el ámbito educativo al aula en sentido virtual, lo que supone un acceso en línea a los contenidos en cuestión por parte de profesorado y alumnado, y no meramente una proyección o exhibición en el espacio físico del aula.

Al mismo tiempo, y en relación con los fines de investigación, se prevé una excepción para el caso de la minería de datos relativa a los contenidos de obras protegidas y bases de datos, muy restringida eso sí a este tipo de usos y fines.

Se promueve además el acceso y la digitalización de contenidos del estado, para su archivo y conservación, poniéndose las obras o copias necesarias a disposición de los centros educativos y de enseñanza. También se trata de incentivar y promover la inclusión en el circuito comercial de aquellas obras que hayan quedado fuera del mismo por cuestiones de formato.

En resumen, se trata de una serie de medidas que pueden resultar muy beneficiosas para el sector, tanto para usuarios de contenidos protegidos como para sus autores, pero que probablemente no resulten suficientes como para crear un espacio digital libre de contenidos ilícitos, cuyos contenidos sean totalmente legales, fiscalizables y accesibles a todos los ciudadanos europeos sin barreras de ningún tipo.

 

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