Desde Legal & Music, Abogados expertos en Propiedad Intelectual, queremos informar de las distintas vías existentes para reaccionar ante una lesión que puedan sufrir este tipo de derechos.

En este sentido, los derechos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial se encuentran protegidos en la legislación española bajo el amparo de los Tribunales Civiles. No obstante, también son susceptibles de ser protegidos por el derecho penal.

En nuestro país existen numerosas leyes de carácter especial relativas a la protección de los derechos de la Propiedad Industrial.

Por su parte la Propiedad Intelectual se fundamenta en el reconocimiento de una serie de derechos que confieren a sus titulares un monopolio temporal de explotación de la obra o prestación protegida, o determinados derechos de carácter moral.

Está compuesta por el derecho a ser siempre reconocido como el autor de la obra en cuestión, el derecho al uso comercial por el autor y el derecho a transmitir a un tercero el uso comercial de la obra creada, tal y como se infiere del artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece que:

“La Propiedad Intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra”.

En cuanto a las Acciones ejercitables ante los Tribunales Civiles para proteger los derechos anteriormente mencionados, su finalidad principal consiste en la reparación de los derechos violados o el pago de las indemnizaciones por los daños sufridos, para lo cual el perjudicado podrá ejercer la acción civil que se tenga por conveniente acudiendo a los Tribunales Mercantiles.

Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo el juicio ordinario como cauce procesal para que el titular del derecho lesionado pueda hacer efectivos sus derechos frente al infractor.

A efectos ejemplificativos, podemos mencionar algunas acciones civiles que el titular cuyos derechos hayan sido infringidos podrá solicitar:

La cesación de los actos que violen el derecho, la indemnización de daños y perjuicios que le hayan sido causados, el embargo de los objetos producidos o importados, la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, la adopción de las medidas necesarias para evitar que continúen los ataques que violen el derecho, la publicación de la sentencia condenatoria, así como la solicitud de las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar la efectividad de las acciones.

En cuanto a las Acciones Penales, debemos destacar que la petición va más allá que en el caso de las acciones civiles, puesto que el objetivo principal ya no es el resarcimiento del daño causado al perjudicado, sino que la finalidad de su ejercicio consiste en la solicitud de una pena de prisión o sanción para el infractor.
Nuestro Código Penal se ocupa de los delitos contra los derechos de la propiedad intelectual e industrial en la Sección I y II del Capítulo XI del Título XIII del Libro II.

Conviene mencionar a tal efecto la reforma de nuestro Código Penal introducida por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, por la que, según su exposición de motivos : “los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración del tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social.

Por ello desaparece también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oficio”.

Será preciso que la acción delictiva revista un carácter especialmente grave, para lo cual la reforma de la LO 15/2003 se ha encargado de resolver esta cuestión, reforzando la protección penal de estos derechos mediante la elevación de las penas señaladas a cada uno de los delitos tal y como hemos señalado anteriormente; exigiendo una voluntad por parte del infractor de enriquecerse injustamente, así como la producción de daños a terceros.

Por todo esto, podemos concluir que en nuestro país existe una amplia protección de los derechos relativos a la propiedad intelectual e industrial, tanto por la vía civil como la penal para aquellos supuestos en los que pudieran verse lesionados, y su elección dependerá de las circunstancias del caso y de las posibilidades que puedan darse para que resulte exitosa la resolución a favor del perjudicado.

El legislador, para poder adecuar la realidad social a la ley, hoy se inclina más por dotar de mayor protección a todas estas conductas delictivas que lesionan tales derechos, de manera que ello otorga una mayor confianza para todos aquellos autores, al existir cierta garantía por parte de la ley.

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