Julio Iglesias recibió el pasado mes por parte de su ex-amiga y compositora Mimi Korman una Demanda y desde Legal&Music queremos hacernos eco de este delicado asunto y las implicaciones que puede tener.

Según la demanda, el cantante debería reconocer los derechos de autor de Korman por la famosa canción “Me olvidé de vivir”, ya que considera que sus derechos de autor fueron violados y en EEUU se trata de un delito que no prescribe.

No es la primera vez que la artista procedente de Miami emprende acciones legales contra el cantante, ya que hace 28 años ya le había presionado por delito de hurto de regalías y fraude, aunque sin obtener resolución judicial alguna favorable.

En su nueva demanda, Mimi solicita una compensación económica.

La legislación sobre esta materia cambia de un país a otro, aunque las cuestiones básicas están armonizadas por tratados internacionales, entre otros destacamos el más importante como es el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

En nuestro país la materia se encuentra regulada en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre la Propiedad Intelectual.

Si dicha controversia sucediera en España, en el hipotético caso de ser ciertas las acusaciones realizadas por la compositora, esto es, en el supuesto en el que una persona viera lesionado su derecho de autor, la propia ley otorga una serie de mecanismos de protección para el titular de los derechos reconocidos en la misma, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan tal y como se infiere de su artículo 138, permitiéndole solicitar “el cese de la actividad ilícita del infractor, así como exigir indemnización de los daños materiales y morales causados”, además de la posibilidad de “solicitar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor”.

Hay que tener en consideración que tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141.

Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Del mismo modo también podrán solicitarse medidas cautelares en el caso de que pudiera existir un miedo racional y fundado de que se va a producir la infracción inminentemente.

Debemos destacar que según el Convenio de Berna, la protección de estos derechos se obtiene de manera automática, sin la obligación de proceder a su registro, aunque desde Legal&Music aconsejamos que se lleve a cabo el registro de las obras con el fin de poder probar la titularidad del creador de la obra en cuestión o cualesquiera otros trámites que sea necesario probar.

En definitiva, desde el despacho aconsejamos que en el supuesto en el que el titular de una obra musical considerara que han infringido sus derechos, deberá proceder a la identificación del causante del acto.

En el caso en el que no se pudiese solucionar el conflicto amistosamente, debería acudir al asesoramiento de profesionales especializados en la materia, para solicitar la reparación legal a una autoridad judicial, mediante la interposición de una demanda civil ante el tribunal competente con la finalidad de poder obtener una compensación financiera y para ordenar que se deje de realizar la conducta que está lesionando los derechos del autor.

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